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El oficio

Informes en adicciones: qué se escribe, para quién y dónde está la línea pericial

Un informe de adicciones acaba muchas veces en un juzgado, en una empresa o en un expediente de custodia. Qué se escribe y qué se omite, cómo se responde a un requerimiento judicial y por qué no se puede ser terapeuta y perito de la misma persona.

Sandra Bruzón Ucelay Psicóloga sanitaria, especialista en adicciones

· 9 min de lectura

En resumen

  • Un informe asistencial describe el tratamiento; un informe pericial responde a una pregunta de un tercero. No son el mismo documento ni los firma el mismo rol.
  • El terapeuta de una persona no debería actuar como su perito: el conflicto de roles invalida lo uno y daña lo otro.
  • Lo que se escribe es lo necesario para la finalidad del informe, no todo lo que se sabe.
  • Un requerimiento judicial se atiende, pero su alcance se puede acotar y conviene hacerlo por escrito.
  • El informe se entrega a la persona salvo mandato en contrario, y conviene leerlo con ella antes.

En adicciones se escriben más informes que en casi cualquier otra área de la salud mental, y casi ninguno se queda dentro de la consulta. Van a un juzgado de familia, a un penal, a una mutua, a servicios sociales, a un expediente de incapacidad, a la comisión de un permiso de conducir, a un departamento de personal. Cada uno de esos destinos tiene consecuencias reales para la persona, y el documento que las produce suele redactarse entre dos pacientes y sin ninguna formación específica.

Esto no es un asunto administrativo. Es parte del oficio, con sus reglas y con dos o tres decisiones que conviene tener tomadas antes de que llegue la petición.

Cuatro documentos que no son lo mismo

El informe asistencial. Describe qué se ha hecho: fechas, encuadre, diagnóstico, intervenciones, evolución, situación actual. Lo firma el profesional que atiende, se basa en lo que consta en la historia clínica y no responde a preguntas ajenas al tratamiento. Es el que se hace casi siempre.

El informe de derivación. Dirigido a otro profesional o dispositivo, con un fin clínico concreto: que quien recibe pueda seguir trabajando. Su alcance es el necesario para eso, como se plantea en niveles asistenciales y derivación.

El informe pericial. Responde a una pregunta formulada por un tercero —un juzgado, una aseguradora, una administración— y su destinatario no es la persona evaluada. Exige una metodología propia, con pruebas, contraste de fuentes y valoración de la credibilidad del relato, y lo firma alguien que actúa como perito, no como terapeuta.

El certificado. Documento breve que acredita un hecho verificable: que alguien asiste, que está en tratamiento desde tal fecha, que ha completado un programa. No lleva diagnóstico ni valoraciones, y resuelve la mayoría de las peticiones que llegan.

La mayor parte de los problemas aparecen cuando se mezclan: un informe asistencial al que se le añaden conclusiones periciales, o un certificado al que se le pide que afirme un pronóstico.

La línea que no conviene cruzar

Un terapeuta no debería ser el perito de su propia paciente. No es una formalidad: es que las dos funciones son incompatibles en lo esencial.

El vínculo terapéutico se construye sobre la aceptación del relato de la persona; la pericia exige ponerlo en duda metódicamente y buscar contraste. El terapeuta trabaja para su paciente; el perito trabaja para quien le hace la pregunta, aunque le pague el interesado. El terapeuta conoce a su paciente sesgado por meses de alianza, y ese sesgo —que es terapéuticamente útil— es exactamente lo que descalifica un dictamen.

En la práctica, esto se traduce en una respuesta sencilla cuando alguien pide «un informe para el juicio»: se puede hacer un informe asistencial de lo ocurrido en el tratamiento, y si lo que se necesita es una valoración pericial, debe hacerla otro profesional que no tenga vínculo asistencial. Decirlo pronto evita un documento que después se desmonta en diez minutos de contradicción, con la persona pagando el coste.

Qué se escribe y qué se deja fuera

El principio operativo es la finalidad: se incluye lo necesario para el propósito del informe y nada más. Un juzgado que pregunta si una persona sigue tratamiento y cumple no necesita saber qué contó sobre su matrimonio en la sesión nueve.

Esto tiene consecuencias concretas sobre el contenido:

  • Datos de terceros, fuera. Lo que contó la madre, lo que dijo la pareja, lo que se sabe de un hermano. Si un dato de tercero es imprescindible, se refiere como procedente del relato y sin identificar más de lo necesario.
  • Hechos y fuente, separados de la valoración. «Refiere», «se observa en sesión», «consta analítica de fecha X», «a mi juicio clínico». Un informe donde no se distingue qué es dato y qué es interpretación no vale nada ante quien sabe leerlo.
  • Sin pronósticos categóricos. Nada de «no volverá a consumir» ni «presenta riesgo bajo de recaída» sin instrumento que lo sostenga. La recaída es parte del curso del trastorno y nadie puede descartarla por escrito.
  • Sin respuestas a preguntas que no son nuestras. La idoneidad para la custodia, la imputabilidad o la capacidad laboral son valoraciones periciales que no se despachan en un párrafo de un informe asistencial.
  • Con lo que se puede documentar. Si se afirma abstinencia, hay que poder decir con qué se ha comprobado: autoinforme, controles, informantes. Las tres cosas tienen valor distinto y conviene decir cuál es, en la línea de lo que se explica en controles de tóxicos.
  • Con lenguaje neutro. «Adicto», «limpio», «ha cumplido bien» no son términos clínicos. El informe lo va a leer alguien que no es del campo y que va a tomar decisiones con él.

Cuando llega un requerimiento judicial

Un oficio judicial no se ignora, y responder a él no es una vulneración del secreto profesional: es una excepción prevista. Pero atenderlo no significa enviar todo lo que hay.

Un procedimiento razonable, por orden:

  1. Leer qué se pregunta exactamente. Muchos oficios piden «la historia clínica» por fórmula, cuando lo que el procedimiento necesita es saber si hay tratamiento en curso y con qué adherencia.
  2. Informar a la persona, salvo que el propio mandato lo prohíba. Que se entere por el juzgado de lo que su terapeuta ha remitido rompe el tratamiento.
  3. Responder con un informe que conteste a la pregunta, exponiendo que se remite lo pertinente y que el resto del contenido no resulta necesario para el objeto del procedimiento y afecta a terceros.
  4. Si el juzgado insiste expresamente, se remite lo requerido y se hace constar en la historia qué se envió, a quién y en qué fecha.
  5. Consultar. La mayoría de los colegios profesionales tienen asesoría jurídica para esto, y es el momento de usarla. Es también una conversación de equipo, no una decisión individual, como se plantea en trabajo en equipo.

El marco general de todo esto —qué cubre el secreto, dónde están sus excepciones y cómo se anticipa con la persona— está en confidencialidad y secreto profesional, y conviene tenerlo hablado antes de que llegue el primer oficio.

Estructura de un informe que se sostiene

Un esquema que sirve para casi todos los asistenciales:

  • Identificación. Quién lo firma, con qué número de colegiado, qué centro, qué fecha.
  • A petición de quién y para qué. La finalidad declarada, que delimita todo lo demás.
  • Fuentes. Número de sesiones, periodo, instrumentos aplicados, pruebas disponibles, informantes.
  • Motivo de consulta y antecedentes, lo justo para entender el caso.
  • Diagnóstico con su código, si procede, y con cautelas si es provisional.
  • Tratamiento realizado. Encuadre, frecuencia, intervenciones, asistencia.
  • Evolución y situación actual, con fechas y con lo que se puede documentar.
  • Conclusiones ajustadas a la pregunta, sin ir más allá.
  • Firma, fecha y una nota de alcance: que el informe se emite para la finalidad indicada y que no procede su uso para otra.

Y una práctica que ahorra muchos problemas: leerlo con la persona antes de entregarlo. No para que lo apruebe, sino para que no haya sorpresas, para corregir errores de hecho y para que entienda qué dice y qué no dice. Un informe que el paciente descubre en una vista es casi siempre una ruptura de tratamiento.

Cuando la petición viene de quien paga

Empresas, mutuas, familias que financian un ingreso. Quien paga no adquiere derecho a la información clínica, y esa confusión conviene deshacerla antes de empezar, no cuando llega la llamada.

Lo practicable es acordar por escrito, al inicio y con la persona delante, qué información se va a facilitar: habitualmente asistencia y continuidad, sin contenido clínico. Ese acuerdo se firma, se guarda y se cumple exactamente. En el momento en que un tratamiento informa a un tercero más de lo pactado, deja de ser un tratamiento y se convierte en un control, y la persona lo nota antes que nadie.

Tres peticiones que llegan mal planteadas

Buena parte de los problemas con informes empiezan en la petición, no en la redacción. Conviene reconocer tres que llegan casi todas las semanas y tener preparada la respuesta.

«Necesito un informe que diga que estoy bien para el juicio del lunes.» La petición, tal como viene, pide una conclusión decidida de antemano. Lo que se puede hacer es un informe asistencial de lo que consta, con fechas y con lo documentado, explicando a la persona qué va a decir y qué no. Si lo que consta no es favorable, es mejor que lo sepa ahora que en la vista. Y si el plazo no permite hacerlo con rigor, se dice: un informe redactado con prisa y sin revisar la historia es el que luego se vuelve contra quien lo pidió.

«Mándame por correo electrónico la historia de mi paciente, que la necesito para hoy.» Llega de otros profesionales, a veces de buena fe. Un informe de derivación se envía por un canal que proteja los datos, con el contenido necesario para la continuidad asistencial y con constancia de lo enviado. El correo personal no es ese canal.

«Mi hijo está en tratamiento con usted y necesito un informe para convencerle de ingresar.» Aquí la petición no es un informe: es una intervención familiar, y el documento no es la herramienta. Lo que corresponde es trabajar con la familia lo que quiere conseguir, sin emitir un papel sobre alguien que no lo ha pedido ni ha consentido su uso.

Hay un hilo común en las tres: antes de redactar nada conviene saber quién lo pide, para qué se va a usar y qué consecuencia va a tener. Esas tres preguntas, hechas en voz alta, evitan la mayoría de los informes que después hay que defender.

Guardar lo que se emitió

Una práctica mínima que se agradece dos años después: dejar en la historia copia de cada informe emitido, con la fecha, a petición de quién, para qué finalidad y por qué canal se entregó. Los informes se citan en procedimientos que avanzan muy despacio, y lo normal es que a uno le pregunten por un documento que firmó hace dos inviernos. Sin copia, la única versión disponible es la del que la aporta.

Qué llevarse a la consulta

  • Decide el tipo de documento antes de escribirlo: certificado, informe asistencial, derivación o pericia. No mezcles.
  • No seas perito de tu paciente. Ofrece el informe asistencial y explica por qué la pericia la tiene que hacer otro.
  • Incluye lo necesario para la finalidad declarada. Lo demás, aunque lo sepas, no entra.
  • Separa dato, fuente y valoración, y no firmes pronósticos que no puedas sostener.
  • Ante un oficio, mira qué se pregunta, informa a la persona, responde a eso y consulta con tu colegio.
  • Lee el informe con la persona antes de entregarlo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo negarme a hacer un informe que me pide mi paciente?

Se puede negar a hacer un informe que afirme cosas que no se pueden sostener, y conviene explicarlo. Lo que no suele ser razonable es negar un informe asistencial de lo que efectivamente ha ocurrido, porque la persona tiene derecho a la información sobre su propio proceso.

¿Qué hago si el juzgado me pide la historia clínica completa?

Se atiende el requerimiento, y a la vez se puede exponer por escrito que parte de ese contenido no es necesario para lo que se pregunta y afecta a terceros. Lo habitual es remitir un informe que responda a la pregunta y reservar el resto salvo insistencia expresa del juzgado.

¿Puedo escribir que alguien «está recuperado»?

No, porque no es una categoría clínica verificable ni una predicción que se pueda sostener. Se puede escribir qué periodo de abstinencia hay documentado, con qué se ha comprobado, qué objetivos se han alcanzado y cuál es la adherencia. Es menos lucido y mucho más defendible.

¿Y si la empresa paga el tratamiento y pide información?

Quien paga no adquiere por eso derecho a la información clínica. Lo que se puede informar —normalmente asistencia y poco más— se acuerda por escrito al principio, con la persona delante y con su consentimiento, antes de que empiece el tratamiento.

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